La reciente comunicación de la Corte Constitucional sobre la Sentencia C-254 de 2025 marca un punto de inflexión al modular un instrumento del pluralismo colombiano, como lo es el Mandato ATEA del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Si bien la Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones “prevalecerán y” y “de constitucionalidad” del Decreto Ley 1094 de 2024, reafirmando la primacía de la Constitución Política, simultáneamente mantuvo vigente la idea “bloque jurídico intercultural”. Esta decisión, al despojar al bloque de su pretensión jerárquica pero conservar su existencia conceptual, delimita la frontera entre la supremacía constitucional y la necesidad de una metodología de coordinación.